Así lo aseguró la directora general de Tráfico, María Seguí, en el I Congreso Nacional sobre Seguridad Vial y Discapacidad, celebrado los pasados días 22 y 23 de octubre en Sevilla. La implantación del plan empezará en las próximas semanas y, según María Segui “permitirá mejorar las condiciones de acceso a la conducción de las personas con discapacidad” 
El plan, presentado en el evento organizado por la Federación Nacional de Lesionados Medulares (ASPAYM) y ASPAYM Andalucía, permitirá adecuar las pruebas de acceso al carnet de conducir a las posibilidades que dan, a los conductores discapacitados, tanto las nuevas tecnologías como las investigaciones y estudios más recientes. En palabras de María Seguí “a partir de ahora, las personas que deseen conducir podrán hacerlo en igualdad de condiciones al resto de conductores”. Según datos de Tráfico, hay 56.000 conductores con discapacidad en España que precisan de adaptaciones y ayudas técnicas para conducir un vehículo.
El plan anunciado por la directora general de Tráfico prevé ciclos de formación dirigidos a profesionales de los centros de reconocimiento, médicos especialistas y examinadores de Tráfico. En las próximas semanas, comenzará como programa piloto en varias provincias y se aplicará en toda España en 2016.
Para el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, la Administración está respondiendo a las víctimas de accidentes de tráfico de una forma dispersa y débil. Pérez Bueno centró su intervención en destacar “la necesidad de promover una nueva ley de protección integral a las víctimas de tráfico. Necesitamos ampliar y armonizar la atención a las personas con discapacidades sobrevenidas por accidentes de tráfico, para lograr un atención integral que garantice sus derechos de ciudadanía”.
La nueva normativa, que entrará en vigor el 1 de enero de 2016, vendrá a actualizar un sistema ya algo obsoleto… puesto que está vigente desde el año 1995. Para conseguirlo, ha sido necesario que se pusieran de acuerdo las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico (incluida la Federación Nacional ASPAYM) y la representación de las entidades aseguradoras.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, fue la encargada de clausurar el congreso. En su discurso señaló cómo imprescindible desarrollar “acciones coordinadas entre los agentes sociales, jurídicos y de seguridad vial para poner en marcha planes de educación vial, prevención y atención a las víctimas de accidentes de tráfico”. María José Sánchez Rubio añadió que “no podemos permitir que una sola persona accidentada quede atrapada en su domicilio sin los recursos económicos, médicos y sociales necesarios que posibiliten una mejora en su calidad de vida”.
